Un flujo continuo de migrantes procedentes de Marruecos sigue llegando, desde la noche del lunes, a las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. La Playa del Tarajal (Ceuta), en la frontera entre España y Marruecos, ha visto llegar hasta ahora a más de 10.000 personas a nado, recorriendo una distancia de unos 7 kilómetros. Las fuerzas militares que vigilan la frontera han sido activadas para hacer frente al enorme éxodo. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que se están utilizando todos los medios para proteger las fronteras nacionales y que se aplicarán los tratados y convenios internacionales existentes entre ambos países.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al conocer la noticia, canceló su viaje a París para asistir a una cumbre sobre la financiación de los países africanos, organizada por el presidente Emmanuel Macron y, tras reiterar la firmeza de España para frenar el flujo de migrantes y contar con la colaboración del Gobierno marroquí, partió hacia Ceuta, donde le esperaba el ministro Marlaska junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Viva. Un grupo de manifestantes recibió la llegada de los representantes del gobierno con gritos de protesta, acusándolos de mala gestión de las relaciones con Marruecos.
Las reacciones
Los líderes políticos de la oposición se han pronunciado al respecto: Santiago Abascal, de Vox, habla de “invasión” de inmigrantes y Pablo Casado, del PP, acusa a Sánchez de romper las relaciones diplomáticas con Marruecos. Como siempre ocurre en las crisis graves, las fuerzas de la oposición lanzan acusaciones contra el gobierno de turno, y algunos politólogos afirman que hay algo de verdad en ello. El propio Sánchez ha dicho hoy que “no se trata de una crisis migratoria, sino de un desafío de soberanía que involucra al Gobierno nacional y no deja espacio ni tiempo para recriminaciones partidistas. España debe permanecer unida”.
El ministro del Interior, Marlaska, envió al ejército, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para ayudar a la policía fronteriza a gestionar la situación, asegurando la cooperación con la Comunidad de Ceuta y afirmando que no permitirá posiciones de odio contra los migrantes. También es cierto que los habitantes de Ceuta, como primera reacción, se han encerrado en sus casas, temiendo represalias (ha habido lanzamientos de piedras y gases lacrimógenos), los comercios no han abierto, los niños no han ido a la escuela y se han suspendido las vacunas Covid.
La Cruz Roja está en primera línea y presta todo el apoyo que puede, desde la asistencia sanitaria hasta la ayuda alimentaria: intentan distribuir a los migrantes entre un barco anclado frente al Tarajal, el centro de acogida ya colapsado, y el estadio de Ceuta, que se ha abierto para este propósito. La mayoría de ellos son menores y niños de menos de 10 años, para los que el tratado internacional entre España y Marruecos de 1992 no permite la repatriación; de hecho, hasta ahora, de los 10.000 migrantes que han llegado, unos 5.600 han sido devueltos.
Tensiones políticas África – España
Por absurdo que parezca, la evolución de la situación hace pensar que la oleada migratoria es el resultado de una “política promocional” iniciada por Rabat, que habría incitado a la población marroquí a cruzar la frontera, declarando que estaba libre de controles, para presionar fuertemente al gobierno español, culpable de no haber apoyado (como hicieron Francia y los Estados Unidos de Trump) la cuestión de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.
Parece que el rey Mohamed VI de Marruecos no ha “perdonado” el recibimiento por parte de España del líder del Frente Polisario independentista Brahim Ghali el pasado mes de abril, que tuvo lugar por motivos de salud y bajo un nombre falso, para proteger su intimidad, según lo declarado por la ministra de Asuntos Exteriores española Arancha González Laya. Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), lleva años luchando abiertamente contra el gobierno marroquí por la independencia del Sáhara, y ha sido imputado (y aún no juzgado) por crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos contra quienes tenían una visión política diferente a la del Polisario.
La reunión de ayer entre la ministra española de Asuntos Exteriores, Laya, y la embajadora marroquí, Karima Benyaich, terminó en un punto muerto y esta última fue llamada a consultas a su país.
Es evidente que se trata de un asunto complejo que no se resolverá rápidamente, al menos en lo que respecta a las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, aunque el presidente Sánchez ha reiterado su deseo de mantener relaciones amistosas, teniendo en cuenta la posición geográfica que obliga a ambos países a respetar sus propias fronteras.
Más bien, sería necesario que la UE adoptara una postura firme en la cuestión de las políticas migratorias, que en la práctica siguen siendo un problema para los países de primera línea como España o Italia.
Las últimas noticias permiten esperar un alivio de las tensiones, ya que la policía fronteriza marroquí ha comenzado a colaborar con la española coordinando el retorno de sus compatriotas, mientras que en Melilla la situación está más controlada, ya que las entradas ascienden a unas 300 personas. Por desgracia, lo que sigue siendo evidente es el sufrimiento de miles de migrantes, víctimas inocentes de un proyecto más grande que ellos.
Roberta Sciacca